La creciente violencia empleada en los asaltos que suceden todos los días en Costa Rica ha empezado a llamar la atención de las autoridades de este país.
Durante años se les ha inculcado a los costarricenses la idea de que los ciudadanos deben ser respetuosos con la ley, con el fin de no resultar lastimados, no se debe oponer resistencia a los maleantes que pretenden atracarnos. Los hechos reportados en la prensa tica desmienten la sabiduría de dicho enfoque.
Los números dados son alarmantes: el año pasado 14.900 personas fueron atendidas en hospitales a lo largo de Costa Rica luego de haber sido atacadas por asaltantes, para un promedio de 40.8 % por día. Y lo que más peocupa a las autoridades no es la frecuencia de los atracos sino la violencia empleada en éstos.
El problema radica no tanto en la resistencia de los afectados, sino en la actitud agresiva del delincuente.
Por años la respuesta del gobierno en Costa Rica ha sido la misma, restringir el acceso ciudadano a las armas de fuego, bajo la premisa errónea de que entre menos armas haya en una sociedad, menor será el crimen y la violencia. El resultado ha sido totalmente el opuesto. Las armas continúan en las calles pero esta vez en manos de criminales, quienes de todas formas no cumplen la ley, mientras que los ciudadanos respetuosos de la misma son desarmados por sus propias autoridades.
Los criminales son gente racional que ataca dadas ciertas circunstancias. Ellos buscan víctimas que estén "en desventaja" y un arma de fuego cumple precisamente la función de igualador entre el atacante y la víctima.
El temor a que haya una carrera armamentista entre criminales y ciudadanos responsables es falso por la experiencia en diversos estados de Estados Unidos que indica que los criminales no están interesados en verse envueltos en batallas en búsqueda de ganar terreno con sus víctimas.
El más mínimo riesgo de resultar herido es decepción suficiente como para que el maleante busque otras fechorías que realizar. Tampoco es de esperar un aumento dramático en el número de personas armadas en las calles. Ciertamente hay un efecto en donde la gran mayoría de la población se beneficia gratuitamente de la seguridad brindada por otros. La diferencia radica en que los criminales no saben quién está armado, y las probabilidades de asaltar a la persona incorrecta son mayores.
Por lo tanto, ante la escalada del crimen violento en Costa Rica y el fracaso del gobierno de este país en cumplir su función elemental de proteger a las personas e impartir justicia, resulta imperativo que los costarricenses ejerzan sin obstrucciones gubernamentales innecesarias su derecho básico a defender su vida y sus familias con un arma de fuego. La sumisión, como demuestran los hechos, no es una opción.
INFOGIRLS-KATHY
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